Red Sin Censura

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Articulo publicado por la Asociación de Internautas en su web.

 La Asociación de Internautas ha anunciado ante el Tribunal Supremo la impugnación del Reglamento de la Ley Sinde solicitando su suspensión cautelar. Al mismo tiempo, lanza un llamamiento a comunidades virtuales e internautas para que suscriban esta demanda y pide solidaridad económica para sufragar los gastos que este proceso legal conlleva.

03-02-2012

Recogiendo con esta iniciativa las protestas de la Red y de la calle, la Asociación ha impugnado el Reglamento que desarrolla las funciones Comisión de Propiedad Intelectual, por cuanto atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley, y además, porque establece infracciones difusas y, sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto, libertad de expresión y la libertad de información (art. 20 CE).

Por otra parte, aunque la Ley Sinde modificaba sustancialmente leyes como la de Comercio Electrónico, la de Propiedad Intelectual, y la de la Jurisdicción Contenciosa, etc., al desarrollarlas, el Reglamento contradice Sentencias del TS/TC que interpretan los límites que ha de tener en su alcance, una norma de este tipo.

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Apreciado Ministro Wert, apreciado Secretario de Estado Sr.Lassalle,

Desde RedSOS, queremos expresar nuestra comprensión hacia su voluntad de actuar rápidamente contra los casos de competencia desleal en lo concerniente a la creación de contenidos culturales. Igualmente estamos convencidos de que los métodos de secretismo y de parcheo parcial del Gobierno anterior no se reproducirán en esta nueva legislatura.

Tenemos la firme esperanza de que finalmente el debate en torno a la adaptación de los derechos de autor al contexto de la era digital y de la expansión de Internet se produzca de modo ágil, aunque siempre desde la coherencia jurídica, la transparencia y el respeto de todos los intereses en juego.

Como ustedes saben, Internet es un espacio de negocio, del que muchos emprendedores se benefician, y del que se pueden generar miles de puestos de trabajo; algo de lo que no podemos prescindir para salir de la crisis. La industria de contenidos sufre una crisis de su sector -previa a la crisis económica mundial- provocada por su incapacidad de adaptarse a las nuevas formas de negocio. La actual redacción de la conocida como "Ley Sinde" promueve un enfrentamiento de los innovadores tecnológicos y los consumidores frente a las actuales industrias culturales; sin embargo, es posible proponer un cuerpo jurídico que garantice la seguridad jurídica y la libertad de desarrollo a ambos sectores.

Fuente: Red SOStenible

There are no translations available.El día 9 de Febrero se votará en el Senado la enmienda que incorpora de nuevo la Ley Sinde en la Ley de Economía Sostenible (LES), y todo apunta a que esta vez ya está todo dicho, todo negociado (precios incluidos a los que la apoyan), una vez mas obviando la opinión de los perjudicados, que no son otros que los ciudadanos, los creadores, las empresas de la Sociedad de la Información y, por qué no decirlo, la justicia en España. Durante un año han intentado “hacernos ver” que era necesaria pues parece ser que es lo único que mantiene a España en pie y sin embargo los apoyos que han conseguido para aprobar esta ley parten de concesiones en otros sectores. Bien CIU pidiendo “matizar” temas energéticos, bien PP pidiendo otro tipo de concesiones demuestran que no es importante la ley, salvo para conseguir propósitos políticos. Ya estamos viendo como empresas españolas del sector – sobre todo del hosting- empiezan a irse a otros países donde se les deje trabajar sin persecuciones, pues si su actividad ya no depende de un juez no tiene mucho sentido invertir exponiéndose a que a “alguien” no le guste lo que hacen. No importa proteger nuestros puestos de trabajo, solo los puestos de trabajo de las grandes empresas, pero grandes empresas americanas, y ya ha quedado demostrado que la factura del teléfono ¿rojo? ha subido en este último mes y medio. Durante un año muchos hemos intentado explicar que deben escuchar a las partes, que lo que dicen es perjudicial, incluso para la democracia, pues una comisión, con dinero publico asume la defensa de una propiedad privada y evitando, intencionadamente, la posibilidad de defensa efectiva del acusado - lo que se dio en llamar “tutela judicial efectiva” en la constitución- , que lo que han presentado solo sirve para saltarse la división de poderes, para evitar que un juez diga que lo legal es distinto de lo que ellos quieren hacer (pues son ya 15 los casos que se resuelven a favor de las webs de enlaces, si no recuerdo mal). Un año perdido por falta de interés en solucionar los temas españoles, o por que sobra interés en defender los derechos de los americanos aunque estén enfrentados a los españoles. Prefieren la vergüenza de enfrentarse a su pueblo sin argumentos que enfrentarse a los EEUU por muchos argumentos que los jueces han aclarado, ¿Acaso siguen defendiendo que los jueces, en España, no saben de leyes?. Ahora que se va a incorporar de nuevo el texto (todavía mas insultante si cabe que el anterior), me gustaría que alguno de los senadores que va a estar (si o si) a favor de dicho texto tuviera la entereza, valentía o quieran llamarle de salir a dar la cara, que sea capaz de mirar a la cara a sus votantes y decirles que el proceso el legítimo, que hay tutela judicial, que no caben engaños… en fin que es un proceso judicial y no un “juicio sumario” precisamente para evitar los derechos de una de las partes, pero me gustaría que lo hicieran con conocimiento de causa, como si fueran ellos los afectados, pues con este texto, no es descabellado pensar que hasta ahí podría llegarse, y de forma legal, con su apoyo. Señores Senadores, léanse el famoso texto, interprétenlo ustedes mismo sabiendo lo que ya se ha dicho sobre el fondo del asunto… y piensen un buen rato en ello, si luego no les dá un poco de… ¿alergia?, voten en consecuencia.Pu

Publicado por @javifpineiro en "Unas pocas verdades".

El día 9 de Febrero se votará en el Senado la enmienda que incorpora de nuevo la Ley Sinde en la Ley de Economía Sostenible (LES), y todo apunta a que esta vez ya está todo dicho, todo negociado (precios incluidos a los que la apoyan), una vez mas obviando la opinión de los perjudicados, que no son otros que los ciudadanos, los creadores, las empresas de la Sociedad de la Información y, por qué no decirlo, la justicia en España.

 Durante un año han intentado “hacernos ver” que era necesaria pues parece ser que es lo único que mantiene a España en pie y sin embargo los apoyos que han conseguido para aprobar esta ley parten de concesiones en otros sectores. Bien CIU pidiendo “matizar” temas energéticos, bien PP pidiendo otro tipo de concesiones demuestran que no es importante la ley, salvo para conseguir propósitos políticos. Ya estamos viendo como empresas españolas del sector – sobre todo del hosting- empiezan a irse a otros países donde se les deje trabajar sin persecuciones, pues si su actividad ya no depende de un juez no tiene mucho sentido invertir exponiéndose a que a “alguien” no le guste lo que hacen. No importa proteger nuestros puestos de trabajo, solo los puestos de trabajo de las grandes empresas, pero grandes empresas americanas, y ya ha quedado demostrado que la factura del teléfono ¿rojo? ha subido en este último mes y medio.

 Durante un año muchos hemos intentado explicar que deben escuchar a las partes, que lo que dicen es perjudicial, incluso para la democracia, pues una comisión, con dinero público asume la defensa de una propiedad privada y evitando, intencionadamente, la posibilidad de defensa efectiva del acusado - lo que se dio en llamar “tutela judicial efectiva” en la constitución- , que lo que han presentado solo sirve para saltarse la división de poderes, para evitar que un juez diga que lo legal es distinto de lo que ellos quieren hacer (pues son ya 15 los casos que se resuelven a favor de las webs de enlaces, si no recuerdo mal). Un año perdido por falta de interés en solucionar los temas españoles, o por que sobra interés en defender los derechos de los americanos aunque estén enfrentados a los españoles. Prefieren la vergüenza de enfrentarse a su pueblo, sin argumentos, que enfrentarse a los EEUU por muchos argumentos que los jueces han aclarado, ¿Qué no se puede hacer por dinero?, ¿Acaso siguen defendiendo que los jueces, en España, no saben de leyes?.

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Publicado por Josep Jover en http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=158494760866880

Esta es la primera impresión que me produce el texto de la enmienda al proyecto de ley de Economía sostenible, llamado Ley Sinde. Y eso es cierto, me explicaré.

 El primer muerto que sale del armario camino a la papelera, lo encontramos ya en el párrafo primero cuando se menciona al Canon Digital. No es por voluntad de servicio a la ciudadanía. Este es un “muerto” en el armario del PP. José M. Aznar (2003) aprobó el actual modelo, y Rajoy estaba muy, muy cerca.

El segundo “muerto” se lo quitan de encima los de PSOE, para cumplir los compromisos adquiridos con quien “manda de verdad”. Para ello, no crean una ley nueva, modifican la LSSI. Ley que, casualmente, aprobó Aznar en el 2002. Su respuesta, a partir de que se apruebe, ya nos la imaginamos. “Es una Ley que tramitó y aprobó el partido popular y las modificaciones y actualizaciones se hicieron con su consentimiento”.

 

El tercer muerto. Se aprovecha que, para que la cosa no se les complique, que los procedimientos contenciosos de la Audiencia Nacional, antiguo Tribunal de Orden Público, no tienen segunda instancia. Es decir no tienen apelación posible.

Para los “muertos domésticos”, se crean dos comisiones, vaya, un cementerio de elefantes a cargo de nuestros impuestos para discernir lo que es pecaminoso y lo que no lo es. Eso sí, para evitar que sus miembros se “contaminen”, se aseguran de que ningún internauta ni consumidor esté en ellas.

Y finalmente el quinto muerto se lo endosan a los jueces, poniendo plazos de 24 horas a unos juzgados que están, desde hace años colapsados. Continúa el Juez, sin poder entrar en el fondo del asunto, y continuará el juez sin poder hacer otra cosa que asentir y poner el paripé a la comisión. Por dos veces, eso sí. Pero en ese caso... la culpa será del juez, no de ellos.

Ya lo decían los monarcas ilustrados en el siglo XVIII “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Ciertamente, se ha aprovechado la ocasión para vaciar de algunos “muertos” los armarios de los principales partidos políticos. En eso sí que se han puesto de acuerdo.

Josep Jover

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Ya es oficial, el PSOE y el PP han cumplido el guión americano y han pactado incluir una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que incorpora la Ley Sinde en el senado con "retoques", retoques que siguen sin permitir que un juez pueda pronunciarse sobre el "supuesto delito" de determinadas páginas web.

Si bien es cierto que parecía evidente, al cabo a los dos les interesa controlar internet, no es menos cierto que algunos ilusos pensabamos que realmente se pretendía proteger los derechos de los autores y los derechos fundamentales, imagino que incorporar en la ecuación a J. E. Serrano evidenciaba que no era esa la idea, pero la demostración de que se podía llegar a dialogar entre todos daba una pequeña esperanza a la posibilidad de que se respetara al pueblo y a los autores, los perjudicados por dicha ley.

Aquí os dejo el nuevo texto de la Ley para que podais leer y opinar con conocimiento de causa.

Propuesta de modificación de la disposición final segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible View more documents from hipertextual.

Un día triste para la democracia, una nueva demostración de a quien sirven los dos partidos mayoritarios en España y una nueva ocasión para actuar y recordarles como queremos las cosas, el interes general y los derechos fundamentales no pueden estar en venta.

Vivi

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Como ya todos sabreis, ayer saltó la noticia en Twitter sobre una propuesta alternativa a la Ley Sinde que David Maeztu habría hecho llegar a Alex de la Iglesia y que luego intentó que puediera ser estudiada por Julio Alonso, Enrique Dans y por Ignacio Escolar. Cosa que fue filtrada de algún modo a la prensa ante lo cual los tres decidieron no acudir a la invitación de David. Esto es lo que publicó mas tarde David en su blog.

En un principio las criticas fueron casi unánimes debido a que todos pensabamos que la Ley debía ser retirada pero como para muchos de nosotros es mucha la confianza en David y muchos las buenas referencias de gente que le conoce y estuvo en esa famosa reunión, algunos decidimos esperar a poder leer la propuesta en cuestión. Cosa que pudimos hacer poco mas tarde en cuanto fue colgada dicha propuesta, de nuevo en el blog de david (http://derechoynormas.blogspot.com/2011/01/propuesta-alternativa-la-ley-sinde.html)

A la vista de ello y de muchas explicaciones, aclaraciones y preguntas que David respondió en tiempo real en Twitter, muchos no llegamos a entender del todo el alcance de dicha propuesta, pero si pudimos ver que, en principio, era el juez el que tendría que decidir que se hacía, no la Comisión como hasta ahora, creemos que es momento de esperar a la opinión mas tranquila y detallada de este escrito por parte de los expertos que sabemos que llevan ya horas en ello.

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Esta mañana (17/01/2011) he estado escuchando a Mariano Rajoy en Radio Nacional, y aunque ya lo sabíamos, ya nadie puede negar que se está negociando.

A la pregunta de sobre la Ley, Mariano no tuvo reparos en contarnos como el PSOE, contacto con el PP en el Congreso para intentar que firmaran la Ley, a dos horas de la votación, a la vista de que CIU y PNV se echaron atrás en el último momento, lo que Rajoy tachó de "ridículo" del gobierno, del mismo modo confirmó que el Grupo Popular en el Senado está en negociaciones sobre el tema para ver si "fuera" posible llegar a algún acuerdo, y que no cree posible que dicha Ley se pueda votar hasta finales de febrero. (Recordemos que el 18 de Enero, es el último día de presentación de enmiendas y tiene que pasar por la Comisión de Economía antes de poder ser votada)

Insisto en que es algo que todo el mundo sabía, pero que conviene repetir, sobre todo viniendo de boca del mismo Mariano Rajoy por aquello de que nadie se llame a engaño en el futuro, un futuro no muy lejano, por cierto, y para que España sepa quien es quien y que partidos hay que recordarles cual es la opinión de sus votantes. Dichos partidos son, para empezar PSOE y PP, y ya vemos que a partes iguales.

A veces uno se pregunta si cuando intentamos hablar con ellos se reunen los dos partidos escondidos en algún "garito de gama alta" para escuchar juntitos lo que tenemos que decirles, que nos lo digan, les enviamos el orden del día y nos ahorramos el tener que informales personalmente por mail a cada uno de ellos pues nuestro tiempo nos cuesta dinero y el suyo... "también nos cuesta dinero"...

Vivi.

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Publicado por Vivi en "Unas pocas verdades".

Vivimos en un país, España, donde ya casi nada nos sorprende, al menos no mas de 10 minutos seguidos, un país donde hemos visto a nuestros políticos usar las escusas mas peregrinas para justificar cosas que provocaban que la gente tuviera que darse la vuelta para "partirse la caja".Hemos visto como la oposición crucifica al gobierno, y cuando este cede, dicha oposición cambia un punto y seguido por un punto y aparte, pero sin cambiar nada, y todos tan contentos.Pero lo que nunca habíamos visto (al menos el que suscribe), es que los dos partidos mayoritarios, uno actualmente en el gobierno, y otro que todo apunta a que lo estará pronto, estén negociando conjuntamente la aprobación de una ley en el Senado que fue rechazada en el Congreso por todos los partidos excepto el PSOE.Dicha ley creó un tremendo revuelo en la sociedad en general y en particular en internet, que es donde mas implicaciones tendría su aprobación puesto que habilita a una comisión dependiente de cultura a cerrar webs con la excusa de presuntas violaciones de la propiedad intelectual sin que un juez pueda opinar sobre el presunto delito, y sobre lo que ya existe jurisprudencia que aclara que los enlaces no incurren en delito alguno contra dicha propiedad intelectual. De tal manera que algunos partidos llegaron a insinuar que habían votado en contra de la ley debido a la presión ciudadana.

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Juan Varela en su blog Periodistas 21.

Los creadores -como si no hubiera muchos más que también lo somos- protestan indignados en El País, su diario de cabecera que hoy hace una cobertura muy sesgada por el rechazo de la ley Sinde. La furia es especialmente notable en el caso de los cineastas a pesar de voces dubitativas como la de Isabel Coixet. 

 El mensaje es que el cine español se hunde por la piratería ilegal. En ABC, Álex de la Iglesia proclama que somos el segundo país en piratería del mundo cuando los datos de la International Intellectual Property Alliance (IIPA), por ejemplo, nos sitúan mucho más abajo, con Grecia, Italia, Canadá o Noruega por encima.

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Publicado en elpais.com

Cuando el 12 de abril de 2010 la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los Estados Unidos publicó su informe sobre los efectos económicos de la piratería, ningún medio de comunicación nacional se hizo eco de la noticia, a pesar del contenido jugosísimo del informe. Cuando el Ministerio de Cultura señala que actualmente las industrias culturales nacionales suponen el 4,2% del PIB, tampoco los medios de comunicación han reparado que en ese 4,2% están incluidas la radio, la televisión, la prensa y las revistas; esto es, por poner simplemente tres ejemplos de alta Cultura: el fútbol, Tele 5 y la paquetería de los quioscos.

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Hoy nos hemos sorprendido al ver como las páginas webs de descargas se han unido para ceder sus paginas principales a una protesta contra la pronta aprobación de la Ley Sinde con un enlace a un comunicado de "No al cierre de webs". 

En este momento no disponemos de una lista completa de las webs que se han adherido a la protesta, pero doy fe de que son muchas. Como propuesta pacífica y legal por parte de un colectivo que lucha contra una ley contra la que nosotros también luchamos, nos unimos publicando dicho comunicado en portada y difundiendo la campaña.

No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.

AYÚDANOS A SEGUIR TEJIENDO

Discúlpanos si no es esta página lo que querías leer este domingo. Seguramente vienes de otra página de Internet donde esperabas encontrar algo muy distinto. Si así lo deseas, puedes dejar de leer ahora mismo, pero nos gustaría explicarte por qué hoy han cerrado algunas webs. Si el próximo martes 21 de diciembre algunos políticos deciden aprobar la Ley Sinde, la Internet en español que hemos conocido cambiará para siempre, y miles de páginas podrán ser cerradas desde el poder.

A lo largo del último año, en esta página se ha publicado mucha información sobre la Ley Sinde, un proyecto de censura de Internet escondido dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible. Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet.

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Publicado por Ana Zarzuela en ICNR, acceda al original

La presión de la industria y el ‘efecto wikileaks’ le aceleran a Sinde su ‘ley antipirata’ y más opciones 'made in USA'

La exigencia de EE UU para evitar enmiendas y la reclamación patrimoniales a Moncloa impulsan la tramitación exprés de la Ley

La Coalición congela aún las macrowebs ‘legales: exigirá a la ministra cortes directos si no se reduce en un 70% la ‘piratería’

Quiere escarmientos para el 30% de webs de su ‘lista negra’ alojadas en EEUU: Washington puede cortar los dominios de la ICANN y la COICA bloquear su acceso allí

Ana Zarzuela.- Apura gestos de poder ante la galería de la industria nacional y los lobbies exteriores. González- Sinde quema sus últimos cartuchos de la regulación de los contenidos online en el Congreso y busca que parezcan luminarias. Pero tras la vía rápida de la “competencia legislativa plena” escogida para tramitar la LES, sin más marchamo que el que le dé la Comisión de Economía, laten las exigencias de Washington -aprobar la Ley Sinde antes de 2011 y sin enmiendas- y el ultimátum de la industria audiovisual y las gestoras de derechos. La denuncia de un grupo de discográficas independientes que exigen compensaciones patrimoniales a Moncloa es la evidencia de que se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. Le marcan las distancias: no habrá proyectos sin regulación previa, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P y Redtel y los juristas, que su procedimiento es “complejo, enmarañado e ineficaz”. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que amenaza con nacerle condenada a muerte a la ministra. Wikileaks no sólo ha desnudado las presiones de Washington sobre la titular de Cultura: impulsa un modelo de DNS descentralizados de P2P para esquivar los bloqueos. No es casualidad que La Coalición de Creadores exija de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, busca un Reglamento que permita flexibilidad caso a caso. La SGAE busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red. Sinde busca la brújula de urgencia también en el guión made in USA. La impaciencia de Obama puede sintonizar con la de la industria española y las sociedades de gestión de derechos de autor. Un tercio de las 200 webs de la ‘lista negra’ a perseguir por Industria y la Ley Sinde residen en EE UU. Biden capitanea un agresivo plan de cierre de webs allende sus fronteras, tiene a mano la clausura de dominios internacionales a través de la ICANN y, desde ahora, con la COICA, bloquear el acceso de países, empresas o individuos a webs alojadas en EE.UU. Si la ‘Cruzada’ de la Casa Blanca despacha alguna de esas 200 webs, les ahorraría tiempo y las denuncias ante la Comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional cuando entre en vigor la Ley Sinde, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P en España. La Ley Sinde ultima un atajo ‘exprés’ para ver la luz. Nacer nacerá, aunque sea casi un año después de lo previsto en Cultura y al calor de las urgencias de la Ley de Economía Sostenible (LES) y la disposición final en la que Presidencia -de la mano de Serrano- y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la incluyeron. Pero lo hará, si las enmiendas de ICV-Verts (que han pedido que el Gobierno retire esta polémica norma y saque la ‘ley Sinde’ del proyecto de Ley de Economía Sostenible.) y la presión social no lo impiden, sin pasar por el Pleno del Congreso de los Diputados. Como alertaba RedSostenible, se hace sitio en la vía rápida de “competencia legislativa plena”, sin más enmiendas ni marchamo que el que le dé la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 21 de diciembre, a pesar de que el mecanismo estaba pensado para leyes secundarias o de amplio consenso. La aritmética acompaña a los planes de la Ministra y a sus calendarios. Ferraz sabe que cuenta con más del 51% de los apoyos en la Comisión,ya ha pactado con PNV y CC y está a punto de conseguir el apoyo de CiU a cambio de un acuerdo de fachada sobre “un poco de vigilancia a las entidades de gestión”. Además, una vez que haya sido enmendada en la Comisión y votada en el Senado, al haber optado por esta formula, los socialistas pueden ignorar las enmiendas de la Cámara Baja y votar en una única votación en el congreso el texto apadrinado en la Comisión. Lo justo -como recuerda ahora también la Plataforma RedSostenible- para intentar cumplir, al menos, el último de los designios del vicepresidente estadounidense Joe Biden que los cables de Wikileaks publicados por el PAÍS han dejado al descubierto. Y es que, cuando la Casa Blanca asumió que España se “conformaría” con un procedimiento para bloquear webs a través de un procedimiento de emergencia (y no a los usuarios), advirtió a través de su cuerpo diplomático que “no quería que la Ley Sinde fuera debilitada por las enmiendas” en su trámite parlamentario. Ésas eran literalmente las palabras del entonces recién llegado Embajador Alan D. Solomont, en su primer encuentro con una ministra Sinde que desde su viaje oficial a EE UU en mayo buscaba distender el enfrentamiento con el lobby cultural americano, superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España en febrero. Hasta tal punto que Sinde quiso garantizarles que si esta “primera aproximación” no resultase eficaz se tomarán medidas más severas (las van a pedir la industria y los creadores, explicó) y que había que solucionar el asunto en esta legislatura, como específica el Plan de EE.UU, si no querían que esto se convirtiera  “en un problema en la próxima campaña electoral”. Un guión’ al que la Ministra intenta, in extremis, ceñirse ahora. ALARDES DE SINDE Y MÁS PRESIONES DE LA INDUSTRIA González-Sinde apura sus últimos gestos de poder ante la galería de la industria nacional y ante los lobbies exteriores. Ha perdido confianza de la industria audiovisual y de las entidades de gestión de derechos de autor que tejieron, a cuatro manos con la ministra, un plan ‘antipirata’ llamado a propiciar el corte administrativo de 200 webs en 2010. Han aprendido, contradicción a contradicción, a dejar en cuarentena las promesas de la cineasta, desde que fue desautorizada por Zapatero y el ministro Caamaño en su plan de cortes administrativos para las webs. Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas sospechosas. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Hoy, las promesas no resisten en la mesa de la Ministra: no está clara la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual y González-Sinde no está en condiciones de blindar ni la Ley de Propiedad Intelectual (que Ferraz quiere cambiar) ni el canon digital que el Tribunal de la UE ha cuestionado y que el propio Enrique Serrano anunciaba que habrá que reformar en 2011. El Plan Nacional de Contenidos Audiovisuales llegará el próximo semestre con 200 millones de euros de presupuesto, pero bajo las riendas del Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y en los despachos de Caamaño han tenido que tragar dos veces para digerir la reclamación por daños y perjuicios de un pool de sellos musicales españoles directamente al Consejo de Ministros. Sinde se juega su confianza al doble o nada de la Ley de Economía Sostenble. Algunas sociedades de gestión, llegaron a exigir otra norma a medida o una enmienda transaccional si no llegaba pronto la LES y a asegurarse sitio al plan B de cortes directos a usuarios en el ACTA con EE UU. Si González-Sinde consigue que la “competencia legislativa plena” bautice la Ley Antidescargas y entre en vigor en febrero o marzo, habrá podido cortocircuitar la guerra de los calendarios con la SGAE, la Coalición de Creadores y la estadounidense. Otra cosa serán los resultados. Y en esos, los recelos y los ultimatums con la Ministra la han empezado a dejar en fuera de juego. Le marcan las distancias sus aliados: no habrá macrowebs sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P. La Coalición de Creadores exige de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, con o sin LES. Se aferrarían a los antecedentes de la Ley Ipred en Suecia, la Hadopi en Francia o la Digital Economy Act en Reino Unido, para intentar que prosperen los cortes a usuarios. La SGAE, por su parte, busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red. Entre la industria audiovisual y las entidades de gestión de derechos de autor, descuentan que cuando llegue el procedimiento completo para regular las descargas de internet en España, lo hará con una Comisión de Propiedad Intelectual que decidirá sobre los cierres de páginas web, cuya composición  no estaba en sus planes originales, a la vista de que asociaciones como la AUC se hacen sitio en ella. De la Comisión -de la que habían empezado ya a barajar apellidos en Industria- en Cultura no quieren ni hablar: la ley deja pendiente de desarrollar el reglamento que especificará también su desarrollo. Y en la mesa de Caamaño aún barajan también el perfil que el propio ministro de Justicia no dudaba, en su presentación en sociedad, en calificar como ‘policía’ de internet. La Coalición de Creadores ha pedido que no tenga representantes de las entidades de gestión a las que representa, pero sí “expertos independientes”. Si González-Sinde esperaba apaciguar las exigencias y las presiones de la industria audiovisual española -y sus contrapartes americanas- y de las sociedades de gestión de derechos de autor con su Ley Antidescargas, ahora ya sabe que no será así. No son sólo la SGAE y la Coalición de Creadores dirigida por Aldo Olcese los que han comenzado a coreografiar el día después. Primero, por primera vez, en 2010 los informes de la industria audiovisual han empezado a tasarle a la Administración Central sus propios retrasos. Sólo con la “piratería” en el sector del vídeo, según la Asociación Española de Empresas de Vídeo (AEVIDEO), las arcas del Gobierno “pierden 500 millones de euros al año, que tendrían que haber percibido por el IRPF de los trabajadores, impuestos de sociedades de las empresas e impuestos de seguridad social”. El ‘precio’ de sus retrasos se lo cuantifica de nuevo -aunque fuera con un informe controvertido- ya hace meses la Coalición de Creadores: Si la medida tardaba tres meses más en aprobarse (decían entonces) se traducirá, al menos, en 2.560 millones de pérdidas, según la tendencia que apunta el Primer Observatorio de «piratería» encargado por la Coalición de Creadores, que establecía una tasa de contenidos «piratas» e España del 76%, aunque para ello contabiliza las descargas que considera ‘piratas’ como si hubieran sido adquiridas en el mercado. Ahora, esta misma semana, un grupo de 13 compañías discográficas independientes ha cumplido las amenazas que le anunciaban a Público desde febrero y ha presentado una reclamación ante la Administración por más de 375 millones de euros en daños y perjuicios por el intercambio de archivos sujetos a derechos de autor (por no haber atajado la "piratería" y no haber adoptado las directrices europeas en materia de propiedad intelectual)y la elevarán al Consejo de Ministros a través del Ministerio de Presidencia. Si no hay respuesta, prometen iniciar un procedimiento judicial a través de la jurisdicción económico-administrativa. Una iniciativa con la que intentan hacerse sitio en el nuevo mapa de la regulación de los contenidos online -un 80% de los discos editados en España son de sellos independientes, al margen de grandes multinacionales y los sellos asociados a la asociación Promusicae- y, de paso, sembrar la semilla de otra tercera vía (en esto coinciden con la Coalición, la SGAE o Prmusicae), la de la persecución directa a los usuarios sospechosos de infringir el copyright. Ya en enero, en su comunicado al Ministerio de Presidencia, advertían que para ellos, las medidas de la ley, "son insuficientes puesto que no resuelven la cuestión que se considera más relevante, que no es otra que la imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales que se apropian gratuitamente de los productos musicales y vulneran sistemáticamente los derechos de propiedad intelectual”. UNA ‘CRIATURA’ CONDENADA A MUERTE Redtel, la asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone, que suman el 90% de las conexiones del mercado español, además de exigir que la CPI tenga entre sus competencias medidas de fomento de la creación de una oferta legal atractiva y ejecución de actuaciones de sensibilización de la opinión pública, acaba de recordarle a la ministra en un documento remitido tanto a los grupos parlamentarios como al Gobierno, que el procedimiento procesal de la LES, basado en el trámite previo en la Audiencia Nacional y los recursos en las salas de lo contencioso-administrativo es “complejo, enmarañado e ineficaz”. Implicará la intervención de hasta cinco órganos competentes (Comisión de Propiedad Intelectual, el juzgado central y la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y el juzgado de lo mercantil), lo que “incrementará exponencialmente el riesgo de pronunciamientos contradictorios” y sólo lloverá sobre mojado en el atasco de los juzgados y la "ya de por sí elevada litigiosidad" de los derechos de propiedad intelectual. No es nada nuevo, nada que no haya advertido desde la CNC hasta la Asociación Francisco de Vitoria: el de la ‘Ley Sinde’ puede ser el viaje a ninguna parte. La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”. Las operadoras de telefonía españolas advierten desde el primer momento que sin una reforma más profunda de la Ley de Propiedad Intelectual que se adapte al nuevo mercado de contenidos digitales, la Ley de Economía Sostenible fracasará. "Si la demanda está en la Red, que la oferta haga lo mismo”, proclama Redtel desde que comenzó el debate.  Lo han vuelto a hacer ahora, a las puertas del bautismo de la LES, por más que la Coalición de Creadores prometa poner de largo, en breve, varias decenas de acuerdos con telecos, usuarios y proveedores con ofertas ‘legales’ de contenidos audiovisuales. Una oleada de "portales competitivos", en lugar del macroportal de compras como alternativa al P2P que, de la mano de la Coalición por un lado y de Promusicae por otro, el Ministerio de Cultura planeaba promocionar. No es ningún secreto -Navarro lo defendió en su momento- que esperan incluso que "cierren por sí solas, sin necesidad de denunciarlas", con la mera amenaza de la CPI. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar.  Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigor la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que  tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros. A esas luces rojas se suma, desde octubre, las del abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo, que advierte que se podría interponer “una acción de jactancia” para paralizar el procedimiento. “Se da la curiosa circunstancia -escribía- de que las únicas páginas que podrán razonablemente considerarse inmunes a sus efectos (de la Ley Sinde) son las webs que ya han sido llevadas a los tribunales y que han obtenido resoluciones que han declarado que no infringen derechos de propiedad intelectual”, “si se constituyera la comisión teniendo esas webs pendientes el procedimiento judicial iniciado por la industria, no podría promoverse otro paralelo para resolver idéntica cuestión por parte de ese órgano administrativo. Además, si la sentencia que recayera en ese procedimiento fuera favorable a la web de enlaces -como es de esperar por los muchos casos idénticos ya resueltos- los demandantes no podrían volver a plantear esa misma cuestión en el futuro ante la comisión administrativa ni, en general, ante ningún órgano judicial por el llamado efecto de cosa juzgada”. El ‘efecto Wikileaks’ ha dejado para la ministra al aire mucho más que las presiones desde Washington, ya sean las de la industria, las de Biden o las de Solomnt en persona. No sólo es el co-fundador de The Pirate Bay y ex integrante del portal de torrents, Peter Sunde, el único que ha propuesto el lanzamiento de un servidor de raíz de DNS utilizando la tecmología Peer to Peer (P2P), más descentralizado, que sea capaz de hacerle la competencia, o al menos driblar a la ICAAN, la organización que supervisa la concesión de dominios y se encarga de la gestión del IPv4 y IPv6, y de las direcciones de Internet y que tiene, bajo jurisdicción norteamericana, uno de los pocos puntos de decisión central de la red y ‘licencia para matar’ con los dominios radicados allí sospechosos de violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Lo que Sunde impulsa como fórmula alternativa  sintoniza con los esfuerzos de Tim Berners-Lee (el padre de la World Wide Web -WWW-), que está buscando soluciones para extender el protocolo HTTP  a un modelo P2P que haga más complicados los ataques distribuidos de denegación de servicio, también llamados ataques DDoS (de las siglas en inglés Distributed Denial of Service), como los que Wikileaks ha sufrido. Las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países o saltarse los bloqueos. Nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. No es nada casual que Aldo Olcese, el presidente de la Coalición de Creadores acabe de dejar sobre la mesa de la Ministra -en entrevista con Público- esta misma semana, durante el  Foro de la Nueva Cultura, la necesidad de que el Reglamento que debe desarrollar la Ley Sinde (que ahora consideran un procedimiento “poco agresivo”, por cierto) deba recoger "las mutaciones" que realizan esas páginas para intentar evitar el cierre y ser una regulación abierta e interpretable por los miembros de la Comisión aún por designar. PLANES PARA EL DÍA DESPUÉS La industria y las sociedades de gestión de derechos de autor saben, además, que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de esas páginas, e incluso aunque sumaran como aviso a navegantes algunas de las más de 700 web que se autoinculparon en su momento inscribiéndose en la página 'La lista de Sinde' eso no mejoraría necesariamente el mapa de los ingresos de la industria cultural española, ni les dejará a mano un nuevo modelo de negocio con el que ‘pescar’ en un mercado digital en pleno crecimiento. Las alarmas por la eficacia financiera se las disparan estudios económicos como el de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo corren el riesgo de ser “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música eran casi los mismos en 2005 que en 2008 (unos 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se multiplicaba por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado. Los mercados y hasta los propios informes de la industria audiovisual mundial dejan en fuera de juego las premisas de la SGAE y más de un mito de la red. Ni los contenidos gratuitos, ni el espacio sostenido en manos del P2P -aún supone un 18% del tráfico global de internet según Arbor Networks- ni el auge del 'streaming’ han impedido que las descargas de pago de canciones sueltas hayan crecido  en todo el mundo un 10% durante 2009, hasta los 3.300 millones de euros. La radiografía de la IFPI dibuja un horizonte en el que a pesar del desplome en las ventas de ejemplares físicos un 20,6%, nada ha podido ralentizar el despegue de los contenidos de pago, en música suponen un 27% ya del conjunto del negocio. Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio. Por eso, en el punto de mira de la SGAE y la Coalición de Creadores, ya no están esas 200 webs de descargas ‘piratas’ a las que incluyeron en una lista negra formal que Cultura barajaba desde mediados de 2009 y que prometían haber comenzado a denunciar desde septiembre. No, al menos, por sí solas, ni como plato único del menú de la Ley Sinde. La industria se ha guardado en la nevera de la prudencia de nuevo el proyecto de macroweb que la Coalición de Creadores (la que forman parte la SGAE o EGEDA, entre otras empresas de gestión de derechos de autor) prometió estrenar a cuatro manos con González-Sinde y con sitio para los títulos del lobby de Hollywood, la MPAA, o la la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Pero a las puertas de la nueva regulación, la Coalición promete -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la LES haga ‘su efecto’. Los creadores buscan sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles. La SGAE  quiere espacio en posibles acuerdos económicos entre los proveedores y buscadores de la red. No sólo necesita compensar –tras el veredicto del TUE- el fin del modelo español de canon digital que le ha salvado sus cuentas dos años consecutivos. Ni la sublevación de un millar de municipios y varias CCAA para recuperar el canon digital ya pagado, ni el requerimiento del Senado para excluir a las Administraciones del pago del canon, ni la reforma de la LPI permitirán que la SGAE blinde la inercia de sus ingresos. Ya sólo busca aprovechar el tiempo muerto que le brinda Sinde y reforzar el canon digital con un subpago sobre cualquier ‘tasa Google’, o acuerdo entre telecos y empresas de internet. PLAN ‘C’, OTRA VEZ MADE IN USA El vicepresidente Joe Biden tiene ya su trío de estrellas de ‘sheriff’ de internet. Y quiere que brillen las tres -la presión de la ICANN y el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), el COICA y el ACTA- con potestad global. Confiesa que buscan “escarmientos ejemplificadores” dentro y fuera de sus fronteras. En julio empezaron a orquestar su ‘guerra preventiva’ a los contenidos ‘piratas’ y el P2P con el brazo de los jueces federales y las tenazas de la ICANN para clausurar dominios universales -de primer nivel, que están bajo jurisdicción americana-, no menos que con una campaña de ‘avisos’ para buscar acuerdos extrajudiciales en todo el mundo. Lo conseguían, en primera instancia, con el cierre de una decena de webs, la clausura de Blogetery.com y los 73.000 blogs alojados con él. Y la promesa del US Copyright Group de que perseguirá a 150.000 proveedores, webmaster e internautas. En octubre, apenas unos días antes de la última ronda de de las negociaciones del acuerdo por la lucha contra la falsificación, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), la clausura de forma fulminante de 70 sitios web con enlaces P2P por parte de la Administración norteamericana era, de nuevo, un ejemplo de la dimensión de ese procedimiento y su alcance, mucho más allá de Estados Unidos. Como detallaba entonces Adslzone, aunque algunos de los sitios web sobre los que por orden judicial se ha procedido al secuestro de dominios sí estaban relacionados con el contrabando de productos, otros eran simples buscadores que permitían el acceso a archivos compartidos en la Red, comoTorrent-Finder, cuyo sitio fue clausurado sin recibir quejas previas o notificaciones de ningún tribunal. No es casualidad que una de las derivadas de su ‘Cruzada’ dispare contra BitTorrent, a la que la Coalición de Creadores señalaba como uno de los modelos más afectados si se cerraban las 200 webs bajo sospecha en España. Menos casualidad aún que sea en España, donde sigue adelante la batalla de la industria musical contra los ‘trackers’ o rastreadores de BitTorrent. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) (que agrupa a las mayores asociaciones de discográficas como la RIAA de Estados Unidos o Promusicae de España) le ha declarado la guerra a OpenBitTorrent y está amenazando al tracker por alojarse en España, en los servidores de SoloGigabit. Poco le importa al organismo internacional de la industria discográfica -que ha remitido una carta amenazadora- que OpenBitTorrent por sí mismo no aloja contenidos protegidos (No enlaza ficheros torrent que lo utilizan, sólo da el soporte para conectar a los usuarios). Por el momento según TorrentFreak el propietario de la empresa de hosting, para evitarse problemas y pese a las dudas iniciales sobre qué hacer, ha instado a OpenBitTorrent a cambiar de empresa a finales de mes. Y el tracker puede seguir con su mudanza para alojarse en otro proveedor de hosting. Después de China y Rusia, España no ha dejado de liderar los puntos de mira del Congreso, la Casa Blanca y los lobbies americanos. No sólo porque sigue en el grupo dos, en la lista ‘negra’ de los países bajo vigilancia por sus abusos a los derechos de propiedad intelectual -301 List- que elabora cada año el Departamento. Sigue ocupando un lugar ‘preferente’ en el grupo dos, bajo vigilancia junto a países como Kuwait, Líbano, Vietnam, Rumanía o Turkmenistán, un escalón por encima de de la lista prioritaria que pueblan Argentina, China, Rusia o Venezuela. El último informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica la situaba  a la cabeza de la "piratería" musical en Europa con una caída de ventas del 17% en 2009 y el informe de IDC encargado por la Federación Antipiratería (FAP) destaca entre sus conclusiones que el valor absoluto de los contenidos pirateados supone exactamente el 83,7% del mercado legal digital. Es que, como reafirman los cables de Wikileaks -nada que no hubieran advertido todos los medios españoles-, la administación estadounidense se hace cruces con que en España la doctrina de los tribunales, la Fiscalía General y la judicatura siguen defendiendo la legalidad del P2P sin ánimo de lucro en contra de las advertencias del Congreso, la IPPA y la lista 301 de EE UU. Lo que antes parecía un inconveniente para los planes de la Coalición de Creadores y la SGAE y su ‘menú’ para la jurisdicción de la Audiencia Nacional, ahora se puede convertir en una ventaja: 74 de las 200 webs de la ‘lista negra’ elaborada en su momento por la Coalición, enviada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y admitida por Sinde como borrador para la Comisión de Propiedad Intelectual están alojadas en EE UU. Y, desde hace poco más de un mes, mucho más cerca, a un tiro de piedra de la campaña de ‘cerrojazos’ a dominios universales y a servidores y dominios nacionales desde Washington. Bastaría con que, desde las sociedades de gestión españolas comunicaran a la justicia de EE.UU su identidad, para que Washington pudiera comenzar el acoso judicial de facto, o al menos, poner de nuevo en un compromiso a Sebastián y a Sinde. Por esas 200 webs pasaba, según las sociedades, la llave para acabar con hasta un 70% de la ‘piratería’ en contenidos online. Al fin y al cabo, la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos, en  su informe Parasite's Business, atribuía a cada una de estas 200 páginas gana una media de 1,5 millones de euros al año gracias a la publicidad y  la cesión a terceras empresas de la dirección electrónica de los usuarios registrados. Una cifra desproporcionada según los webmasters y los abogados de las demandas españolas contra webs de enlaces e intercambio de archivos peer to peer, que en la casi totalidad de los casos han terminado en la absolución de los imputados: la ley española considera que sin ánimo de lucro, no existe delito. Además, la COICA (Combating Online Infringement and Counterfeits Act por sus siglas en inglés) aprobada por Comité Judicial del Senado en noviembre con el unánime respaldo bipartidista de sus 19 miembros permitirá al Departamento de Justicia entablar acciones civiles más expeditivas y facilitará el bloqueo de todos los sitios en internet -con independencia de su localización dentro o fuera de Estados Unidos- que se dediquen tanto a facilitar descargas consideradas ilegales como a la venta de productos sospechosos de ser falsificados. Y si esas webs están radicadas en el extranjero, se podrá requerir su bloqueo a compañías de EE UU que suministran acceso a internet, empresas procesadoras de pagos y redes de publicidad online. Un método que cuenta con el respaldo de los principales sindicatos de Hollywood, las patronales de la industria americana del cine y de la música, o la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Como advierte desde hace semanas Francisco George en redsincensura.es, COICA es, de facto, una “ciberfrontera que pretende bloquear el acceso de países, empresas o individuos a webs alojadas en EE.UU”, con la que el Ejecutivo de Obama pretende “convertirse en una nueva China o Irán, pero al revés”: cerrar sus fronteras cibernéticas a ciudadanos del exterior para evitar el “pillaje” de su supuesta “creatividad”. Las webs alojadas en servidores de EE UU, especialmente las que permiten descargar Software o material considerado como “sensible”, tendrán que bloquear a los países o individuos que figuren en una de esas ‘listas negras’.Ana Zarzuela.- Apura gestos de poder ante la galería de la industria nacional y los lobbies exteriores. González- Sinde quema sus últimos cartuchos de la regulación de los contenidos online en el Congreso y busca que parezcan luminarias. Pero tras la vía rápida de la “competencia legislativa plena” escogida para tramitar la LES, sin más marchamo que el que le dé la Comisión de Economía, laten las exigencias de Washington -aprobar la Ley Sinde antes de 2011 y sin enmiendas- y el ultimátum de la industria audiovisual y las gestoras de derechos. La denuncia de un grupo de discográficas independientes que exigen compensaciones patrimoniales a Moncloa es la evidencia de que se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. Le marcan las distancias: no habrá proyectos sin regulación previa, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P y Redtel y los juristas, que su procedimiento es “complejo, enmarañado e ineficaz”. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que amenaza con nacerle condenada a muerte a la ministra. Wikileaks no sólo ha desnudado las presiones de Washington sobre la titular de Cultura: impulsa un modelo de DNS descentralizados de P2P para esquivar los bloqueos. No es casualidad que La Coalición de Creadores exija de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, busca un Reglamento que permita flexibilidad caso a caso.

Ana Zarzuela.- Apura gestos de poder ante la galería de la industria nacional y los lobbies exteriores. González- Sinde quema sus últimos cartuchos de la regulación de los contenidos online en el Congreso y busca que parezcan luminarias. Pero tras la vía rápida de la “competencia legislativa plena” escogida para tramitar la LES, sin más marchamo que el que le dé la Comisión de Economía, laten las exigencias de Washington -aprobar la Ley Sinde antes de 2011 y sin enmiendas- y el ultimátum de la industria audiovisual y las gestoras de derechos. La denuncia de un grupo de discográficas independientes que exigen compensaciones patrimoniales a Moncloa es la evidencia de que se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. Le marcan las distancias: no habrá proyectos sin regulación previa, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P y Redtel y los juristas, que su procedimiento es “complejo, enmarañado e ineficaz”. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que amenaza con nacerle condenada a muerte a la ministra. Wikileaks no sólo ha desnudado las presiones de Washington sobre la titular de Cultura: impulsa un modelo de DNS descentralizados de P2P para esquivar los bloqueos. No es casualidad que La Coalición de Creadores exija de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, busca un Reglamento que permita flexibilidad caso a caso.

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Original de Enrique Dans en su blog.

Dentro de la alucinante burla a la ciudadanía que supone el proceso de aprobación de la Ley de Economía Sostenible, reducido aparentemente a un simple trámite que sigue las instrucciones directas de los Estados Unidos y que nos obliga a plantearnos a quién y a qué fines sirve nuestro gobierno, el siguiente paso es la votación de la Comisión de Economía. Según el mecanismo previsto, al tener dicha comisión competencia legislativa plena, basta con que se obtenga el voto afirmativo del 51% de los diputados para que la ley sea aprobada sin más trámite, sin pasar por el Pleno, sin discutir ni incorporar enmienda alguna, “tal y como quiere el Señor Embajador”.

¿Cómo están las posiciones iniciales? El PSOE, obviamente, es el proponente de la Ley de Economía Sostenible, y el artífice de que la vergonzosa disposición final conocida como “Ley Sinde” que reformula la justicia española para hacerla a medida de las entidades de gestión de derechos de autor esté donde está. Por ese lado, mejor no hablamos. ¿El Partido Popular? Actitudes erráticas, cambiantes y caprichosas en función de las presiones recibidas, y finalmente nada productivo. Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco han vendido su voto afirmativo sin hacer siquiera mención  a la disposición final, a cambio de variadas transferencias: han vendido la libertad en Internet a cambio de un maldito plato de lentejas. Y CiU simplemente ha mencionado que la comisión que se dedique a cerrar webs a mansalva esté equilibrada en su composición y que se ejerza “un poco de vigilancia sobre las entidades de gestión”…

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Original de Antonio Delgado en su blog

 

Toda la presión ejercida sobre España en cuanto a propiedad intelectual y que ha derivado en la ley Sinde (que será aprobada el próximo martes día 21 de diciembre por la puerta de atrás en el Congreso) está basada en una gran mentira elaborada a lo largo de los años conestudios fabricados por la misma industria afectada, datos descontextualizados, falacias, intereses ajenos e incluso leyendas urbanas.

Hasta ahora teníamos retales sueltos de esta falsedad, pero los cables filtrados por Wikileaks, tanto en su web como a través del diario El País, han confirmado nuestras peores sospechas. La realidad estaba tras un reguero de datos e informaciones que son públicos desde hace años. Por ejemplo, el año pasado pude reconstruir los pasos dado por el Gobierno y los grupos de presión para forzar una legislación a favor de sus intereses utilizando las hemerotecas de los periódicos.

Recordemos la situación: en España los enlaces p2p no son delito. En 10 casos ha habido sobreseimientos libres a diversas páginas de enlaces en varias audiencias provinciales. En los únicos casos donde ha habido una sentencia condenatoria ésta ha sido “de conformidad”. Es decir, se ha llegado a un pacto con los denunciantes en el que el acusado se declara culpable y no se juzga el fondo del asunto. La Ley Sinde está pensada para para quitarse de en medio a los jueces y sustituirlos por un órgano administrativo. Si la justicia no ha dado la razón a la industria en sus demandas de cierre de páginas de enlaces, la “solución” era saltársela.

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Habla con tus diputados, es tu derecho

 Articulo de Framahs posteado en el foro y publicado aqui por Francisco GeorgeEstos días se tramita la Ley de Economía Sostenible (LES) y dentro de ella, la Disposición Final conocida como "Ley Sinde". Sus Señorías se han molestado mucho recientemente por los correos electrónicos de personas indignadas con esta Ley, correos que procedieron a borrar sistemáticamente sin ni siquiera leerlos, en una muestra más de absoluto desprecio a la democracia.22-11-2010 - Es también posible que prefieran vías de comunicación más clásicas como el teléfono, así que ponemos a disposición de los internautas los teléfonos de contacto de los grupos políticos del Congreso, en los casos que ha sido posible encontrar alguno. Con honrosas excepciones, no parece que abrir vías de comunicación con la sociedad sea algo prioritario para los grupos políticos, que una vez conseguido el voto de los ciudadanos, construyen una muralla a su alrededor para que éstos no los "molesten" con suspreocupaciones.

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Esta es la historia que conto Santiago Cervera, Diputado UPN por Navarra, desde el comienzo el Tsunami Digital que esta actualmente arrollando los Diputados españoles.

(Nos comentan esto en los foros de la Ley Sinde:

En la nota que habeis puesto "El Tsunami digital del Congreso contado desde dentro por Santiago Cervera ". Decis que cervera es diputado por UPN cuando es diputado por el PP. Cervera salió por UPN pero en el 2008 propicio la ruptura del pacto con el PP y el se ha encargado de refundar el PP en navarra. Juventudes Navarras (rama juvenil de UPN) ha mostrado varias veces su posición en contra de la ley.)

Parece que la iniciativa no ha gustado mucho a sus Señorias y que muchos han necesitado de asistencia tecnica para poder ELIMINAR, sin leerlos, los correos que legitimamente han enviado los ciudadanos a sus representantes.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el canon español En la sentencia publicada hoy, jueves 21 de octubre de 2000, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que la aplicación indiscriminada del canon digital en España no es conforme al Derecho Europeo. El Tribunal considera que ha de existir una necesaria vinculación entre la aplicación del canon por copia privada y la utilización para realizar reproducciones privadas. Así pues, no puede aplicarse el canon a todos los aparatos y soportes de reproducción digital sino sólo a aquellos que pueda suponerse que causarán un perjuicio a los autores protegidos. Profesionales, empresas e instituciones públicas quedan, por lo tanto, directamente excluidas del pago del canon. Y además, las entidades de gestión no podrán cobrar tampoco a los particulares por equipos, aparatos y soportes que no puedan utilizarse para la copia privada, cómo ocurría hasta ahora. La sentencia habla de los anteriores como una excepción, pero no tiene porqué ser la única. No obstante, sí se permitiría el cobro del canon a particulares en equipos, aparatos y soportes de reproducción que puedan utilizarse para realizar copias privadas. Aún así, entendemos que tratándose de una presunción debe existir un mecanismo para que él particular pueda demostrar, y por tanto no pagar, por la no utilización de estos medios para la realización de copia privada. No cabe duda de que el canon es ilegal y el estado español tiene la obligación de dejar de aplicarlo tal cómo lo hace ahora. Se abre la puerta además a solicitar que se anulen todas las sentencias que obligaban a personas no físicas a pagar el canon y a que los ciudadanos exijan del gobierno que el nuevo sistema de compensación por copia privada no se les aplique abusiva e indiscriminadamente. Josep Jover Padró jjover@estudisjuridics.net Estudis Jurídics El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el canon español

En la sentencia publicada hoy,  jueves 21 de octubre de 2010, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que la aplicación indiscriminada del canon digital en España no es conforme al Derecho Europeo.

El Tribunal considera que ha de existir una necesaria vinculación entre la aplicación del canon por copia privada y la utilización para realizar reproducciones privadas. Así pues, no puede aplicarse el canon a todos los aparatos y soportes de reproducción digital sino sólo a aquellos que pueda suponerse que causarán un perjuicio a los autores protegidos. Profesionales, empresas e instituciones públicas quedan, por lo tanto,directamente excluidas del pago del canon. Y además, las entidades de gestión no podrán cobrar tampoco a los particulares por equipos, aparatos y soportes que no puedan utilizarse para la copia privada, cómo ocurría hasta ahora. La sentencia habla de los anteriores como una excepción, pero no tiene porqué ser la única. No obstante, sí se permitiría el cobro del canon a particulares en equipos, aparatos y soportes de reproducción que puedan utilizarse para realizar copias privadas. Aún así, entendemos que tratándose de una presunción debe existir un mecanismo para que él particular pueda demostrar, y por tanto no pagar, por la no utilización de estos medios para la realización de copia privada. No cabe duda de que el canon es ilegal y el estado español tiene la obligación de dejar de aplicarlo tal cómo lo hace ahora. Se abre la puerta además a solicitar que se anulen todas las sentencias que obligaban a personas no físicas a pagar el canon y a que los ciudadanos exijan del gobierno que el nuevo sistema de compensación por copia privada no se les aplique abusiva e indiscriminadamente. Josep Jover Padró

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Articulo de Ana Zarzuela en ICNR

La SGAE, las sociedades de derechos de autor y la industria cultural 'pasan' del plan de Sinde y buscan los ‘bolsillos’ de las telecos.

Tras meses de guerra con Redtel y sin rastro de las macrowebs con Cultura, la Coalición propone “cientos” de alianzas con las telecos

La SGAE busca reforzar el canon digital con un subpago sobre cualquier ‘tasa Google’, o acuerdo entre telecos y empresas de internet

Avizoran ya a un solo paso en el Congreso un modelo ‘antipirata’ en el que depositaron el ahora o nunca del nuevo modelo de negocio de los contenidos digitales español. Se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ -que la ministra promete para abril- y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que le nacerá condenada a muerte a la ministra. El nuevo caballo de batalla para la SGAE y la Coalición es el de los ingresos y, subidos a él, tocan tambores de tregua con las telecos. La Coalición de Creadores promete -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la LES haga ‘su efecto’. Los creadores buscan sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles. La SGAE, tras las declaraciones del CEO de Micrososft,  quiere espacio en posibles acuerdos económicos entre los proveedores y buscadores de la red. No sólo necesita compensar -ante el inminente veredicto del TUE- el probable fin del modelo español de canon digital que le ha salvado sus cuentas dos años consecutivos. Ni la sublevación de un millar de municipios, ni el requerimiento del Senado para excluir a las Administraciones del pago del canon, ni la reforma de la LPI permitirán que la SGAE blinde la inercia de sus ingresos.

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Parece ser que Sinde considera que la ley contra el P2P levanta una alarma desproporcionada entre los internautas.

Curioso titular y curiosas frases de una ministra en una democracia .

Así, a vuela pluma, se me ocurren un par de correcciones, "En teoría se anunció que el objetivo será acabar con aproximadamente 200 páginas web que supuestamente infringen las leyes de propiedad intelectual", ¿acabar con 200 página web?.

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Se está moviendo una propuesta de quedada pacífica contra la SGAE en diversas ciudades del país. Bien entendido que dicha propuesta nace como reunión pacífica y protesta de gente de bien y nunca en contrario, debido a peticiones de mucha gente para que informemos de movilizaciones de las que tengamos conocimiento (minimizando las dificultades para acceder a ellas) y siempre que se mantengan en la legalidad vigente, pasamos a hacer pública la información y enlace del blog de dicha protesta. 

Texto extraído del blog de la propuesta: operacionfsgae.blogspot.com/

 

Como todos sabemos, la SGAE es un cáncer hoy en día, no hay mas que ver sus acciones, y la cantidad de dinero que recibe por no hacer nada. Más adelante pondre un apartado de Motivos en el blog, para que los que no tengais muy claro qué es lo que hace, os deis cuenta de la cruda realidad.

Por todo lo que está haciendo, convoco una reunión totalmente anónima, el dia 14 Viernes, de Enero de 2011,. Yo lo he llamado, OPERACION F$GAE.

Dicha operacion consistirá en una quedada con mascaras de Guy Fawkes , las famosas mascaras de la pelicula de V de Vendetta, frente a la sede central de la SGAE en Madrid.Lo voy a repetir un par de veces: NO ES UNA QUEDADA PARA ARMARLA. SOMOS PERSONAS CIVILIZADAS Y NO ANIMALES. Con esto quiero decir, que ponerse delante de un edificio, y dar un aplauso, SIN IMPEDIR EL PASO DE GENTE Y DE VEHICULOS no es ilegal. No hay que pedir ningun permiso ni nada. Es llegar alli y estar en la calle para que nos oigan. Repito: No estamos haciendo nada ilegal a no ser que alguien se pase de listo.

Leer el blog de la iniciativa 

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Se puede leer en internet unas palabras cuando menos curiosas: "El presidente de la Coalición de Creadores, Aldo Olcese, ha alertado sobre la posibilidad de llegar a un Gran Pacto de buen gobierno en Internet entre creadores, operadores, contenedores de información y usuarios, con motivo de la futura aprobación de la conocida como 'Ley Sinde'.". Por favor...

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Publicado en La E-Democracia y nuevos derechos

Después del ataque de ayer contra la SGAE, el Ministerio de Cultura, y al parecer Promusicae, creo que es bueno volver a los dominios de la razón y, continuar con la defensa de los derechos fundamentales en Internet .

 En el artículo anterior hemos fijado el objetivo y alcance de La LES y, como en su diarrea legislativa al introducir en la disposición final segunda una reforma de la LSI y la LPI ha evitado un debate sereno y reflexivo sobre el futuro de los derechos de autor, en especial sobre la supervivencia de los modelos de explotación actuales en la era de la sociedad de la información. Debate que aunque temido por las gestoras de derechos de autor resulta indispensable si se pretende compatibilizar el derecho de todos a la cultura con el derecho individual de autor. Que es de lo que se trata, buscar un modelo en el que todos ganemos, incluidos los autores e inventores y en el que quizá sobran los intermediarios.

 

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Publicado con permiso del autor desde La E-Democracia y nuevos derechos

Mucho se habla estos días de la disposición final segunda de la L.E.S, que como todo el mundo sabe muy bien se refiere a la protección de la propiedad intelectual. Los comentarios que vengo leyendo en los foros internautas atacan tanto a la L.E.S como a las alternativas planteadas, en particular a las planteadas por el Grupo Parlamentario Popular. Partiendo del máximo respeto a las críticas, creo que es preciso contextualizar la referida posposición final dentro la L.E.S y esta en el momento histórico para intentar hacer un análisis en positivo ya que el momento no esta como para ir tirandonos piedras los unos a los otros.

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Comunicado de RedSoSTenible y EXGAE del día 11 de Octubre de 2010

Pedimos a los políticos que no acepten chantajes de la Coalición de Creadores

Los ciudadanos y ciudadanas de este país - y de muchos otros - llevamos unos cuantos años pidiendo a las industrias del entretenimiento que reconviertan su negocio, para que lo adapten a la era digital, sin pretender que paguemos el anacronismo y el desbocado afán recaudatorio de su gestión. 

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PUBLICADO POR RTVE

VANESA RODRÍGUEZ - MADRID 07.10.2010 - 11:45h

Las webs de la SGAE y del Ministerio de Cultura sufren las consecuencias del ataque de un grupo ciberactivista internacional denominado 'Anonymous' que han tumbado del miércoles al jueves ambas páginas webs.

El ataque de denegación de servicios distribuidos (DdoS), que se enmarca en una iniciativa llamada 'Operation Payback', organizada a través del portal americano 4Chan, foros y redes sociales.